La UE cambia las normas: Hacienda sabrá más de tus criptomonedas si España se adapta a Bruselas

La Comisión Europea eleva la presión sobre España en materia fiscal en plena expansión del mercado cripto. El pasado 30 de enero, Bruselas incluyó a nuestro país en su último paquete de decisiones de infracción y ha enviado una carta de emplazamiento formal por no haber completado la transposición de la Directiva (UE) 2023/2226, la norma que refuerza la transparencia tributaria y el intercambio de información entre Estados miembros sobre criptoactivos y determinadas cuentas financieras.

La directiva modifica las reglas de cooperación administrativa en el ámbito tributario y persigue que las administraciones nacionales, incluida Hacienda, puedan compartir de forma más eficaz información fiscal relevante vinculada a operaciones con criptoactivos.

El objetivo declarado por la Comisión es cerrar grietas en la supervisión y combatir la evasión y la elusión fiscal en un entorno donde el dinero se mueve con rapidez y, a menudo, sin fronteras. España aparece en un grupo de doce países señalados por Bruselas por no haber culminado ese ajuste legal.

Si España adapta ya el marco europeo, la Agencia Tributaria podrá disponer de más información procedente del exterior sobre determinadas actividades relacionadas con criptomonedas, especialmente cuando intervengan plataformas o servicios establecidos en otros países de la UE.

La Comisión recuerda que los Estados deben notificar sus medidas nacionales y completar la transposición. España tiene ahora dos meses para responder y corregir las carencias señaladas.

Si la réplica no convence, Bruselas puede activar el siguiente escalón del procedimiento y emitir un dictamen motivado, antesala de un posible salto al Tribunal de Justicia de la UE.

La UE quiere evitar "agujeros" entre legislaciones nacionales que permitan mover beneficios a golpe de clic sin rastro tributario.

Para quienes operan con criptoactivos, la recomendación de sentido común es clara: ordenar la documentación, revisar obligaciones declarativas y no confiar en que lo digital equivale a invisible.

La carta de emplazamiento no fija sanciones inmediatas, pero marca calendario y exposición pública. En un momento de debate sobre digitalización y recaudación, el expediente añade presión al Gobierno para alinear cuanto antes la normativa nacional con los estándares europeos.