Peinado cita a declarar como imputada el 11 de septiembre a Begoña Gómez por la contratación de su asistente

El juez Juan Carlos Peinado ha citado el 11 de septiembre a declarar como investigada a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la contratación de su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, según especifica un auto de 18 de agosto, al que ha tenido acceso esta redacción.

El magistrado también llama a declarar como imputada un día antes, el 10 de septiembre, a la propia Cristina Álvarez.

Peinado toma esta decisión, explica en la resolución, después de que la Audiencia Provincial de Madrid, en un auto de 12 de junio, apuntara que la investigación tendría que centrarse en si la asistente "se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

Al poco de conocerse la decisión de Peinado, el Gobierno mostró su "respeto a las decisiones judiciales" por boca del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. En su comparecencia ante los periodistas tras la reunión de Pedro Sánchez con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro ahondó en que el Ejecutivo también aboga por la "presunción de inocencia y defensa".

Excedió sus funciones

Para el instructor de la causa judicial, la existencia de un correo dirigido a la directora de comunicación institucional de Reale Seguros, solicitando directamente la continuidad como entidad patrocinadora del Máster [de Begoña Gómez], evidencia que su actividad "excede claramente de sus funciones", que consistían "en la gestión de la agenda, del correo, dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente del Gobierno".

Además, Peinado destaca que en sus pesquisas ha encontrado "datos indiciarios, suficientes, en este momento procesal, de los que podría deducirse también la relación con las empresas del Grupo Barrabés, de las que supuestamente se valía la principal investigada, lo que supondría una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la Administración".

"Amistad previa"

Asimismo, el auto considera relevante "la amistad personal previa" entre la mujer de Pedro Sánchez y Cristina Álvarez, "siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con ese nombramiento, lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados, y lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno".

Peinado también otorga importancia a la consideración de funcionario público "a efectos penales", en el que incluye "a la citada Cristina Álvarez y a la propia Begoña Gómez, en lo relativo al cargo que ocupaba en la Cátedra Extraordinaria de Trasformación Social Competitiva" de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La decisión del instructor supone un cambio de criterio respecto a lo que concluyó el pasado mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, un delito de malversación por la contratación de la asesora durante su etapa en Moncloa y descartó investigar a Gómez y Álvarez por dicho delito al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento, según informa Europa Press.

En el auto, el instructor advierte de que hasta el momento no ha recibido la resolución en la que la Sala Segunda del Tribunal Supremo decide no imputar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Se ha enterado, completa Peinado, "a través de una comunicación recibida en el ámbito de unas diligencias informativas, por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

Vía: El Periódico