Junts somete la delegación de migración a Cataluña a la votación del Congreso para mantener viva la polémica ley

Más de seis meses después de que el PSOE y Junts pactaran la delegación de competencias de migración a Catalunya, el partido de Carles Puigdemont se ha visto forzado a activar la polémica iniciativa pese a carecer de los apoyos necesarios para aprobarla. Los posconvergentes cuentan con cupo en el Pleno de la Cámara baja de la semana que viene (es decir, turno para incluir sus propuestas en el orden del día) y solo tenían registrada esta proposición de ley. De no haber dado el paso este martes, el esbozo de norma habría decaído sin ni siquiera ser debatida y sometida a votación, informan fuentes parlamentarias.

Pero todo parece dirigirse al fracaso de la norma, que de salir adelante cedería a los Mossos d’Esquadra el control de puertos y aeropuertos, en cooperación con la Policía Nacional y la Guardia Civil, y también permitiría que la Generalitat efectuase las devoluciones de inmigrantes. Salvo cambios que ahora mismo no se esperan, el Congreso se posicionará la semana que viene en contra de su admisión a trámite, ya que aquí el bloque de investidura se encuentra profundamente dividido.

Sumar, socio minoritario de la coalición de Gobierno, tiene muchas dudas sobre la propuesta, que el PSOE aceptó a cambio de la abstención de los siete diputados de Junts en varios decretos ley en enero de 2024, nada más comenzar la legislatura. Pero el partido de Yolanda Díaz está dispuesto a votar a favor de su admisión a trámite. La principal oposición dentro de los grupos de izquierda viene de Podemos, que considera que se trata de una iniciativa “racista” que el partido de Puigdemont quiere aprobar con el objetivo de competir con la formación xenófoba Aliança Catalana.

Sin avances

Según fuentes socialistas, “no ha habido avances” en la negociación de este espinoso asunto con el partido que lidera Ione Belarra. De hecho, los mismos interlocutores señalan que los morados ya les transmitieron este martes que iban a votar en contra. Poco después, Podemos emitió un comunicado en el que dejaba claro que votará en contra de la proposición. Aun así, tanto Junts como los socialistas podrían volver a presentar la iniciativa una vez haya decaído, algo que aún no está decidido.

La portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, optó por presionar a Podemos, situando a sus cuatro diputados en la disyuntiva de elegir entre lo que pide la mayoría de los catalanes, aseguró, o votar junto al PP y Vox, informa Ana Cabanillas. “Quedan siete días para la votación y la izquierda española tiene dos opciones. La primera es dejar de llamar racistas a millones de catalanes que hace muchos años que están reclamando que se gestione y se solucione el descontrol migratorio. Y la segunda opción es mantenerse en el bloque del PP y de Vox y bloquear un consenso amplio en Catalunya”, dijo Nogueras.

Los socialistas, mientras tanto, se preparan para una nueva derrota parlamentaria durante una votación que pondrá otra vez de manifiesto las enormes dificultades a la hora de poner de acuerdo a todo el heterogéneo bloque de investidura, donde conviven fuerzas de izquierda y derecha, nacionalistas y no nacionalistas. Los colaboradores de Pedro Sánchez explican que Junts les avisó de que no iba a dejar pasar esta oportunidad de debatir en el Congreso la delegación de las competencias de inmigración. Al mismo tiempo, rebajan la posibilidad de que el varapalo en el Congreso vaya a enrarecer más su relación con el partido de Puigdemont. Pero tampoco lo tienen del todo claro.

Con la boca pequeña, varios de los socialistas consultados admiten que, en el fondo, el rechazo de la proposición de ley supone para ellos aparcar un problema. Se trata de una iniciativa que el PSOE se vio forzado a aceptar, que el president Salvador Illa nunca había reclamado y que también cuenta con críticos dentro del partido. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tachó en su día la norma de “racista” y dijo sentir “bochorno como socialista”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló que se trataba de una “humillación sin precedentes” por parte del independentismo al Estado.

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