El Congreso intensifica sus varapalos al Gobierno: el 83% de las derrotas legislativas han ocurrido en los últimos nueve meses

La nueva portavoz del PSOE, Montse Mínguez, presumió el lunes de que el Gobierno, pese a los equilibrios y contorsiones que tiene que hacer en el Congreso, había logrado aprobar 42 leyes en estos casi dos años de difícil legislatura. Mínguez, también secretaria general del grupo parlamentario socialista, y por lo tanto responsable de que las votaciones prosperen, quería ponerse así una venda preventiva ante el golpe que la Cámara baja iba a propinar al Ejecutivo dos días más tarde, el miércoles, cuando el PP, Vox y Junts se unieron para rechazar la reducción de la jornada laboral. Sus cuentas son ciertas. Pero también es verdad que la producción legislativa del Gobierno está siendo durante este mandato muy inferior a la del anterior, en el que logró aprobar 215 leyes. Y lo más preocupante para la coalición del PSOE y Sumar: el ritmo de sus derrotas se está acelerando.

De las seis iniciativas legislativas del Gobierno que han fracasado desde que Pedro Sánchez fue investido, en noviembre de 2023, cinco han tenido lugar en los últimos nueve meses. Es decir, el 83%. Todas las derrotas, salvo una (la de la ley de creación de la Agencia Española de Salud Pública, tumbada el pasado marzo y después recuperada) han sido en normas de marcado carácter económico, poniendo de manifiesto la ausencia en el Congreso de una mayoría progresista, con Junts uniéndose en varias ocasiones al PP y Vox.

El primer varapalo, sin embargo, llegó por parte de Podemos, que en enero de 2024, cuando la legislatura acababa de echar a andar, vetó un decreto laboral que incorporaba un aumento del subsidio del desempleo. Un año más tarde llegó el fracaso de dos decretos: la prórroga de los impuestos a las energéticas y el llamado ómnibus, que incluía ayudas al transporte y la revalorización de las pensiones, que más tarde fueron rescatadas. Después llegaron los fracasos de la citada ley de la Agencia de Salud Pública, del decreto antiapagones, el pasado julio, y de la reducción de la jornada laboral.

El futuro de las cuentas

La coyuntura actual parece en teoría muy adversa, si no casi imposible, para aprobar la ley de mayor importancia simbólica de todas, los Presupuestos Generales del Estado, que permitirían a Sánchez llegar sin problemas al fin de la legislatura, llevándola hasta la segunda mitad de 2027 pese a la continua tormenta judicial que cae sobre el presidente, su entorno y sus principales excolaboradores, como Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Pero en la Moncloa se esfuerzan por desligar varapalos como el de la reducción de la jornada laboral, impulsada por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y máxima representante de Sumar en el Gobierno, de la negociación de las cuentas públicas. Los colaboradores de Sánchez reconocen que no tienen ninguna garantía de que los Presupuestos, que esta vez el líder del PSOE asegura que presentará y someterá a votación, vayan a ser aprobados ante las condiciones de algunos socios, como Junts y Podemos.

Además de cumplir la oficialidad del catalán en la UE y la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont, los posconvergentes reclaman al Gobierno que salde la deuda pendiente en inversiones en Catalunya, que cifran en 50.000 millones de euros, un cálculo que los socialistas no reconocen. Los morados lo ponen aún más complicado, a ojos del Ejecutivo, al exigir medidas como no aumentar el gasto militar (algo que implicaría incumplir el pacto alcanzado con la OTAN), romper relaciones con Israel y bajar por ley los alquileres en un 40%.

Ni "enturbia", ni "condiciona"

Aun así, en la Moncloa señalan que los Presupuestos van por un lado y el resto de leyes por otro. El fracaso del miércoles en el Congreso con la reducción de la jornada laboral, una medida que de prosperar implicaría que 12 millones de trabajadores pasasen de las actuales 40 horas semanales a 37,5, ni “enturbia” ni “condiciona” la negociación de las cuentas públicas.

Al mismo tiempo, el entorno de Sánchez insiste en que su estrategia ante la endiablada aritmética parlamentaria se ha transformado con el inicio de este nuevo curso político. Antes, la coalición del PSOE y Sumar procuraba no exponerse a las probables derrotas en el Congreso, retirando iniciativas cuando no tenían los apoyos asegurados, como hizo con la ley del suelo el pasado mayo o con la senda de estabilidad hace ahora un año. Esta vez, en cambio, el Ejecutivo llevó la votación hasta el final, pese a saber que todo se encaminaba a una derrota.

“No será una derrota del Gobierno, sino de los partidos políticos que se oponen a la reducción de la jornada”, dijo Mínguez el lunes. “Es importante que cada grupo se retrate y traslade a los trabajadores cuál es su posición”, añadió un día después desde el palacio de La Moncloa la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en unas palabras que rezumaron aire preelectoral. Pero en esta endiablada legislatura que Sánchez quiere llevar hasta 2027, reconoce un estrecho colaborador del presidente, todo, en el fondo, es “preelectoral”.

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