Cabildo y la UD Las Palmas llegan a un acuerdo para cofinanciar el Estadio de Gran Canaria, que se eleva a los 160 millones de euros

El Cabildo de Gran Canaria y la UD Las Palmas han alcanzado un primer acuerdo para cofinanciar la reforma del Estadio de Gran Canaria, cuyo coste se eleva ahora hasta los 160 millones de euros. Las previsiones iniciales situaban la inversión entre 101 y 107 millones. La actualización del presupuesto se debe a los problemas estructurales detectados en los estudios técnicos realizados en el recinto, que obligarán a ejecutar más demoliciones de las previstas en el proyecto original.

El nuevo escenario financiero plantea que la UD Las Palmas aporte 60 millones de euros, lo que representa el 37,5% del coste total de la actuación, mientras que el Cabildo asumiría el resto de la inversión para una de las obras de mayor envergadura en la Isla.

A partir de este acuerdo inicial se abre ahora un proceso de negociación para definir cómo se compensará al club por su aportación económica y cuál será su participación en la gestión futura del estadio. Actualmente, la entidad amarilla abona un canon anual de unos 400.000 euros por el uso del recinto, y cualquier cambio en la relación entre ambas partes deberá articularse mediante la renegociación del convenio vigente.

Este lunes, representantes de la FIFA han inspeccionado el Estadio de Gran Canaria dentro de la ronda de visitas que el organismo internacional está realizando para evaluar el estado de las sedes españolas y su grado de avance de cara al Mundial de 2030. De los once estadios inicialmente propuestos en España, la lista se ha reducido a nueve tras las renuncias de Málaga y A Coruña, mientras que Valencia y Vigo se mantienen como posibles alternativas para ocupar esas plazas.

El nuevo diseño del estadio elevará el aforo hasta unas 45.000 localidades, superando el mínimo de 40.000 exigido por la FIFA para que un recinto pueda ser sede del Mundial de fútbol de 2030. La reforma transformará además el estadio en un espacio multifuncional capaz de generar actividad económica paralela, pudiendo incorporar desde zonas de congreso y de restauración a gimnasios o espacios comerciales. El objetivo es adaptar el recinto al modelo de los grandes estadios europeos, que han evolucionado hacia complejos capaces de producir ingresos más allá de los partidos de fútbol.

Complejidad jurídica

En este contexto, quedan numerosos interrogantes por resolver, entre ellos de qué manera se articulará la aportación de los 60 millones de euros que plantea invertir la UD Las Palmas en la reforma del estadio. Al tratarse de una infraestructura de titularidad pública y de una obra promovida por una administración, el proceso debe ajustarse a la normativa de contratación del sector público, lo que obliga a que la ejecución de los trabajos se adjudique mediante procedimientos de licitación abiertos y con concurrencia competitiva.

Ese marco legal limita las posibilidades de que una entidad privada intervenga directamente en la contratación de la obra. La aportación económica del club, por tanto, no implica que pueda decidir o adjudicar las obras, ya que esa competencia corresponde a la administración titular del recinto, en este caso el Cabildo de Gran Canaria. Lo que sí abre es la puerta a fórmulas jurídicas de participación —como sociedades mixtas o convenios de colaboración— que permitan integrar capital privado en el proyecto sin vulnerar los principios que rigen la contratación pública.

Gestión del estadio

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, ha mostrado en reiteradas ocasiones su interés en participar en la explotación comercial del estadio, una posibilidad que plantea dificultades jurídicas, ya que la gestión de un recinto público debe ajustarse a procedimientos de concurrencia pública y no puede adjudicarse directamente. Ahora, con la aportación económica del club se abre la puerta a fórmulas de participación mixta, aunque todavía queda por definir el encaje legal de ese modelo.

El debate sobre la explotación del estadio ha marcado la relación entre el Cabildo y el club en los últimos meses. En diciembre pasado, durante un pleno insular, Morales defendió que cualquier fórmula deberá respetar el interés general y la legalidad, después de que Ramírez reclamara un papel protagonista en la gestión futura del recinto.

La reforma del estadio de Anoeta, en San Sebastián, constituye un precedente que refleja las dificultades que pueden surgir cuando confluyen intereses públicos y privados en un recinto de titularidad municipal. El proyecto para eliminar la pista de atletismo y ampliar el aforo hasta cerca de 40.000 espectadores se debatió durante años antes de su ejecución. Las propuestas comenzaron a plantearse a mediados de la década de 2000 y atravesaron distintas fases de discusión política, cambios de proyecto y recursos judiciales, que llegaron hasta el Supremo, relacionados con la financiación y el encaje legal de las obras en una instalación pública utilizada por un club privado. Finalmente, la remodelación se ejecutó entre 2017 y 2019.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas