El novio de Ayuso justifica ante la Audiencia negocios en México y Costa de Marfil para evitar ser juzgado por facturación falsa

La defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra su procesamiento por delitos de fraude fiscal y falsificación de documento. Solicita que se tenga en cuenta numerosa documentación que no fue aceptada por la instructora de la causa, Inmaculada Iglesias, y que justificaría negocios en México y Costa de Marfil que servirían para rebatir las acusaciones de facturación falsa y el fraude fiscal derivado de este operativo.

El escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, trata de anular el auto por el que la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid --cuyo juzgado ha asumido ahora el juez Antonio Viejo-- rechazó su recurso inicial de reforma al apreciar "claros indicios" de que se sirvió de este operativo de facturación ficticia para defraudar, presuntamente, 350.951 euros a Hacienda. La Fiscalía pide para el empresario 3 años y 9 meses de cárcel por estos hechos.

La jueza había denegado la práctica de diferentes diligencias al considerarlas inútiles en la fase de instrucción. Se trata de documentos que justificarían la facturación y también un informe pericial dirigido a rebatir las conclusiones de la Agencia Tributaria. La defensa quiere también que se cite a declarar a personas con las que González Amador contactó para dichos negocios en el extranjero, con el fin de que acrediten su existencia.

Vacunas para África

En el caso de México, los servicios prestados estarían enmarcados "en la labor de expansión en Latinoamérica de la presencia de Quirón Prevención", mientras que en Costa de Marfil los negocios del novio de Ayuso estarían relacionados con el interés del Gobierno africano en comprar cuatro millones de vacunas en cuya venta el empresario quería intermediar.

"A la vista de los fundamentos legales y contables anteriores para el caso de que las facturas respondieran a servicios reales, esos gastos se habrían contabilizado (...) de forma incorrecta y anticipada por estar vinculados, al menos en parte, a la generación de ingresos que no se produjeron, debiendo haberse contabilizado cuando dichos ingresos se hubieran producido", explican en su escrito los abogados Carlos Neira y Gabriel Rodríguez Ramos.

"Compleja normativa contable"

Para la defensa, esa conducta de contabilizar y deducir un gasto real no debería merecer reproche penal ninguno, debiéndose encauzar la regularización por la vía administrativa, y ello "ya no solo por la ausencia en dicha conducta de engaño o maquinación merecedores de un desvalor o reproche penal, pues se trataría de meros incumplimientos de una compleja normativa contable y tributaria, sino por el hecho de que la conducta global contable de la entidad revela cómo en ocasiones, se ha procedido a anticipar también ingresos".

En segundo lugar, que si aún a efectos hipotéticos o dialécticos se consideraran ambas facturas falsas, "los ajustes no efectuados y que deberían haberse practicado por la Agencia Tributaria en la liquidación tributaria harían objetivamente imposible considerar la concurrencia de delito fiscal", indica.

Así, consideran necesario incorporar al sumario las declaraciones de dos testigos (Cesar Alonso Mollar y de D. Juan Carlos Andreu) "que mostrarían, no solo la realidad de los servicios prestados en Costa de Marfil, sino que esa realidad no la ha conocido la Agencia Tributaria, no la ha podido valorar ni la ha tenido jamás en cuenta sin que figure de ninguna forma ni incorporado ni considerado en su expediente tributario ni incorporado al sumario. Toda esa información se incluye en la pericial cuya ratificación conjunta junto con los peritos de la Agencia Tributaria se solicita ahora a la Audiencia Provincial.

"La negativa que integran las resoluciones que se recurren a la práctica de las únicas tres diligencias de defensa propuestas constituye la continuación en la destrucción absoluta y desaparición de los derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia de Alberto González Amador, hasta la desaparición de cualquier contenido materia", concluye.

Suscríbete para seguir leyendo