La Fiscalía ve algunos problemas, pero estiman que la atención general en los centros a los menores migrantes en Canarias es buena

La Fiscalía reconoce que en la atención a los menores migrantes que llegan a Canarias en situación irregular existen algunas "disfunciones", que se deben corregir con inmediatez. Además, aclara que para vigilar que se cumpla la legalidad están los fiscales. Pero, en general, el Ministerio Público considera que la asistencia a estos adolescentes y niños en el Archipiélago es buena en la inmensa mayoría de los centros de acogida.

Además, considera que el resto de comunidades autónomas deben ser solidarias con Canarias, pues éste es un problema de carácter social.

Canarias, con 30.827 migrantes llegados desde enero, camino de batir un triste récord

Sobre la polémica por la denuncia de la Fiscalía al protocolo de recepción de menores migrantes del Gobierno canario, la Fiscalía Superior de Canarias dijo que no es un asunto jurídico, que está en los tribunales, pero considera que se puede resolver.

Así lo explicaron este miércoles la coordinadora de sala de Menores de la Fiscalía General del Estado, Teresa Gisbert, y la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez-Frigola, en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Martínez-Frigola aseguró que el Gobierno autonómico ha contratado a 39 nuevos trabajadores para atender las necesidades administrativas y de diverso ámbito de los menores migrantes llegados desde la costa noroccidental africana. Entre esos nuevos empleados públicos figurarán, por ejemplo, trabajadores sociales. En opinión de la fiscal superior de Canarias, la labor de dichos profesionales en la asistencia a los niños y adolescentes resultará "clave", en la medida en que se ocuparán de realizar trámites burocráticos relacionados, por ejemplo, con la protección internacional (asilo).

"El Hierro ha demostrado una solidaridad importantísima"

Gisbert recordó que tanto la Fiscalía General del Estado como la unidad de Menores de dicha institución "estábamos desde hace tiempo preocupados" por la situación que está ocurriendo en Canarias. Apuntó que "hemos venido en el momento más álgido, más duro, pero también en el más importante".

En opinión de Gisbert, uno de los motivos de la visita ha sido ofrecer apoyo y colaboración por el "magnífico trabajo" que realizan todos los fiscales del Archipiélago en esta materia, "que ha supuesto para todo el mundo una situación especial, estresante, importante".

Y la otra razón de su visita es que "están en juego cosas muy importantes, como los derechos de las niñas y los niños migrantes", apuntó la representante de la Fiscalía General del Estado.

Gisbert expresó su apoyo a todo el pueblo de El Hierro, "que ha demostrado una solidaridad importantísima".

Recordó que el papel de la Fiscalía en este asunto es garantizar que se cumpla el interés superior de los menores y, por supuesto, sus derechos.

Admitió la coordinadora de la sala de Menores de la Fiscalía General del Estado que para la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario también ha sido una situación difícil y que había que resolver ante la "avalancha" de personas migrantes.

Gisbert ofreció "nuestro apoyo y colaboración leal, siempre y cuando se cumpla la Ley, que es la obligación del Ministerio Fiscal".

Gisbert y María Farnés Martínez Frigola ya mantuvieron una reunión el pasado lunes en El Hierro con la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Juana María de la Rosa.

Varias disfunciones

Y este miércoles ha habido un nuevo encuentro. En principio, en esa segunda reunión también se ha concluido que tanto el Ejecutivo Autónomo como la Fiscalía trabajan por defender los derechos de los menores migrantes y para poner cada institución, desde sus competencias, "toda la carne en el asador, siempre y cuando, como digo, se cumpla la obligación" legal.

Para Gisbert ha habido disfunciones, como es el caso del protocolo de recepción de menores migrantes, que no consultado previamente con la Fiscalía, "pero se están mejorando las cosas" y "se han establecido unas líneas mínimas de actuación".

Desde su punto de vista, cuando un niño está en un centro de acogida temporal de extranjeros (CATE), tiene que ser puesto a disposición del centro que le corresponda, que debe garantizar sus derechos inmediatamente. Gisbert admite que hay un exceso de usuarios en los recursos existentes, "pero todo tiene una posible solución, si lo hacemos también con las formas más operativas y más rápidas".

Un ejemplo de disfunción es que hubiera niños en Fuerteventura que, durante más de dos días, estuvieran a la espera de que se solucionara su traslado o, como pasó el lunes, que, en el CATE de El Hierro había otros tres menores, que habían estado seis días en el mar en un cayuco, y se hallaban dormidos en camillas, porque estaban agotados.

Gisbert comentó que en el lugar les dijeron que los iban a trasladar al día siguiente (el martes), pero desde la Fiscalía se exigió inmediatez y ese procedimiento se hizo, al final, el mismo lunes.

Desde el Ministerio Público se ha planteado la necesidad de agilizar estos procesos con los menores, con "vías mucho más modernas" para que el traslado de los adolescentes sea lo más rápido posible.

Sobre si la actuación de las ong que atienden en centros a los niños y adolescentes es la adecuada y también se vigila su labor, Gisbert manifestó que, "con la avalancha que tenemos en este momento es evidente que alguna situación se tiene que producir, pero comparado" con la elevada llegada de estas personas "y los poquísimos casos que se están investigando", (...) "se está actuando con diligencia, teniendo en cuenta que es una situación muy excepcional".

En esta línea aseguró que "las condiciones en los centros, con carácter general, puedo decir que se están cumpliendo y, si no, para eso estamos nosotros".

Distribución equitativa por todo el país

Gisbert apuntó que, desde el fiscal general del Estado hacia abajo, todo el Ministerio Público está a favor de la solidaridad y del reparto de menores migrantes no acompañados por las diferentes comunidades autónomas, "pues este problema no es de Canarias o de Ceuta, sino de la sociedad y, por tanto, a todos nos compete".

Esa distribución equitativa por todo el país facilitará también, en opinión de Gisbert, que la atención que se preste a estos niños y adolescentes sea mejor en el Archipiélago.

Según Gisbert, no resulta muy operativo desplazar a un grupo de policías desde Tenerife hasta El Hierro para sacar del centro de acogida temporal de extranjeros de El Hierro a unos menores y dejarlos diez minutos después en el recurso de acogida.

Ante esa situación, "hemos planteado, como una idea de la Fiscalía, la posibilidad de que esa entrega inmediata a la Consejería de Bienestar Social se haga telemáticamente", para evitar retrasos de uno o dos días en el procedimiento.

María Farnés Martínez-Frigola comentó que, desde el año pasado, han llegado muchas personas migrantes en situación irregular y muchos menores de edad.

Explicó que la Fiscalía en su memoria de hace siete años ya ponía de relieve que "esto no tiene solución a menos que se produzca un reparto equitativo".

La fiscal superior de Canarias está convencida de que con la reunión que mantuvieron en la mañana de este miércoles en la Consejería de Bienestar Social el problema del protocolo de recepción de menores migrantes "se va a solventar". Aclaró que éste no es un asunto jurídico y se resolverá en los tribunales. Y apuntó que por parte de la Policía Nacional se ha mejorado el proceso de la reseña de los menores.

Para Martínez-Frigola, los casos de supuestos malos tratos en los centros de menores que se investigan en Canarias, dos en la provincia de Las Palmas y otros tantos en Tenerife, no son consecuencia de la saturación de los recursos, sino de las acciones de las personas.

Vía: El Día - La Opinión de Tenerife