Begoña Gómez recurre la incautación de sus correos por Peinado porque afecta a su intimidad sin motivarlo

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por presuntos delitos de corrupción, de requerir a la Secretaría General de Presidencia de Gobierno "copia de los correos electrónicos recibidos y enviados" desde la cuenta asignada a Begoña Gómez desde el 11 de julio de 2018" para que sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Considera que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha adoptado, sin motivarlo en ninguna resolución, una decisión que no es proporcionada y afecta a su intimidad.

Según el recurso al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la providencia dictada la semana pasada por Peinado no incluye ninguna consideración sobre el alcance de la investigación sobre una cuenta de correo electrónico que "puede guardar datos, fotografías, documentos que delimitan un ámbito que forma parte de los aspectos más íntimos de la personalidad" de la mujer de Pedro Sánchez.

"Obviamente con ello no estamos defendiendo que una investigación judicial no puede afectar a los citados ámbitos, pero esa afectación en un Estado de Derecho debe delimitarse, fijar su extensión", defiende el abogado Antonio Camacho. De lo contrario, "se está afectando al contenido esencial del derecho y, al mismo tiempo, se está vulnerando uno de los principios sobre los que gira necesariamente toda la actividad Judicial: el derecho a la Tutela Judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución" añade. En una segunda resolución impugna su citación para este miércoles por el delito de malversación de caudales públicos relacionado con la actividad de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez.

Vulneración de derechos

Según el abogado "no se puede prescindir en el seno de una investigación penal de los derechos que nuestra Constitución reconoce a todos los ciudadanos y en particular del derecho de defensa, que ha sido configurado por nuestra Jurisprudencia Constitucional como el más sacrosanto de los derechos que están en juego en la tramitación de un procedimiento penal".

El letrado también recuerda que ya la Audiencia de Madrid ya advirtió en anteriores ocasiones a Peinado de que determinadas decisiones debieron tener forma de auto y no de providencia, lo que dificulta los recursos. Además, incide en que la doctrina del Tribunal Constitucional español ha ratificado muy claramente que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye en su contenido la exigencia de que las resoluciones judiciales han de estar motivadas.

En el caso de Gómez apunta la defensa que "la comparación del contenido de la providencia, que acuerda una medida de tal intensidad como la que se acuerda, y las exigencias que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece como necesarias para entender que la misma no afecta de forma innecesaria al contenido de derechos fundamentales básicos, pone de manifiesto que la mayor parte de las exigencias más de fondo han sido incumplidas".

Repercusión mediática

Por otra parte, Camacho apunta a la audiencia que su cliente "por razones obvias, tiene una repercusión mediática indiscutible". En dichas condiciones, "la adopción de una medida de la intensidad de la que se ha acordado ha de ir acompañada de la adopción de cautelas destinadas a que la limitación de su derecho a la intimidad no se vea innecesariamente agravada", insiste.

Asimismo, el recurso ecuerda que este es un un problema que se ha puesto de manifiesto a lo largo del año y medio que lleva desarrollándose la investigación "puesto que prácticamente todo que constituía el ámbito más íntimo de la misma ha sido publicado en la prensa, en algunos casos, sin ninguna limitación ( Datos personales, saldos en sus cuentas bancarias, certificado de matrimonio, etc.)". Recuerda que esta parte ha intentado que por el Juzgado se adoptaran medidas para evitar ese innecesaria violación del ámbito de intimidad de la misma, "lo cierto es que sin ningún éxito".

No hay malversación

Por otra parte, la defensa impugna los motivos por los que la esposa de Sánchez ha sido citada este miércoles por un presunto delito de malversación. Apunta a que los indicios se limitan a un supuesto en el que su asistente, Cristina Alvarez "está transmitiendo un mensaje personal de mi representada en la parte final de un correo que si estaba relacionado con el cumplimiento de sus obligaciones, mensaje que parece que no entra dentro del cumplimiento de sus funciones por lo que debemos reflexionar acerca de si con esta conducta puede entenderse que se haya cometido el delito de malversación".

Aduce el recurso que "es habitual en el ámbito laboral que en su horario de trabajo los trabajadores hagan gestiones como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos". Por ello, entiende que "difícilmente puede entenderse que, si esos trabajadores son funcionarios públicos, con ello se esta cometiendo un delito de malversación de caudales públicos", algo que constituye " una interpretación del Código Penal extraordinariamente extensiva y alejada de la realidad".

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