Antxon Alonso sostiene en el Supremo que Cerdán no participó en Servinabar y el juez le retira el pasaporte

Joseba Antxon Alonso Egurrola, administrador único de Servinabar -la empresa que obtuvo adjudicaciones de obra pública en Navarra y que según documentación incautada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil podría ser propiedad en un 45% del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán- ha confirmado este lunes ante el instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, la versión del exdirigente socialista, al negar que este tuviera participación en la sociedad. Fuentes jurídicas señalan que aseguró que el documento se firmó por los malos resultados electorales alcanzados por el partido socialista en Navarra, pero nunca se elevó a escritura pública y Cerdán nunca pagó lo pactado; el expolítico socialista destruyó su copia, pero él, en cambio, la guardó en un trastero con otros papeles.

Alonso declaró ante el juez Puente tras Fernando Merino, directivo de Acciona Construcción en Navarra hasta 2019, cuando fue trasladado a Andalucía; abandonó la empresa en 2021. Ambos están imputados en la causa que trata de aclarar si estas empresas pagaron comisiones ilegales a cambio de obra pública licitada por el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro. El juez les ha impuesto la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales, conforme había solicitado el fiscal.

Tres indicios, muchas "fiestas" y un pacto con Bildu y PNV: 'Guipuchi', el empresario clave de la trama Cerdán, declara hoy en el Supremo

Como Antxon Alonso solo contestó a su abogada, nadie le preguntó si había actuado como interlocutor del PNV y Bildu para Santos Cerdán, como declaró este ante el juez Puente el pasado 30 de junio. Su declaración se ha centrado en negar irregularidades y en tratar de explicar ciertos aspectos contenidos en el informe de la UCO. En esa línea se enmarcan respuestas, como que hasta 2017 pagó comisiones a Koldo García por informarle de obra pública privada.

También ha admitido un pago de 4.500 euros a la Fundación Fiadelso, que acaba cobrando a través de Koldo la hija de Ábalos, y lo ha justificado en que le interesaba su objetivo, como el de otras ONG, que desgravan fiscalmente. La UCO sostiene que era una transferencia periódica para encubrir comisiones, extremo que el imputado ha negado. Sí ha admitido que cuando vino a Madrid Cerdán -que dijo de él que era un "buen amigo"- le pagó el apartamento, porque este estaba mal de dinero y él venía con mucha periodicidad.

Además, según las fuentes jurídicas consultadas, ha negado que alguien le llamara "Guipuchi" o "Gui", porque se fue hace muchos años a Vizcaya, así como que las obras en las que Servinabar formó UTE con Acciona estén siendo investigados. Las ha concretado, todas dentro de la iniciativa privada, en las de Navarra Arena, Archivo de Navarra, Colegio en Albizu (en la que la UTE también figuraba otra empresa), 62 viviendas de VPO en un barrio de Pamplona y el Túnel de Belate (con otra entidad). Sostuvo que él se ocupaba de riesgos laborales.

Desde 2015

En este punto, el otro imputado, Fernando Merino, ha coincidido con Antxon Alonso y ha admitido ante el magistrado que era obligatorio formar una UTE con empresas locales para poder resultar adjudicatario de obras, argumento con el que justificó el inicio de la colaboración entre ambas empresas y, en concreto, con la mina de Muga. El empresario, que explicó que en 2019 sufrió un infarto y Acciona le trasladó al sur, situó en 2015 el momento en que conoció a Koldo y a Alonso. Ha precisado que fueron adjudicatarios de la gestión de la mina antes de que Servinabar entrara en la UTE y que esta empresa se ocupaba de los riesgos laborales.

Sobre su constitución, el exdirectivo de Acciona ha descargado la responsabilidad en sus superiores. Preguntado por obras concretas, como el Navarra Arena ha señalado que la empresa Servinabar aportaba a los técnicos en riesgos laborales. En el 99% de las obras, según este exdirectivo, Acciona necesita y utiliza socios locales. Preguntado por los pagos que su empresa pudiera realizar a Koldo, ha afirmado que lo desconocía.

Merino ha negado con un tajante "jamás" haber pagado comisiones, y negó poder de decisión sobre las adjudicaciones a las que se presentaba Acciona. Preguntado por los pagos que su empresa pudiera realizar a Koldo, ha afirmado que lo desconocía, pero sí le envió una fotografía con ofertas para obras de la línea de tren en Extremadura, algo que aunque quedara lejos de su destino en Navarra lo vio interesante para los intereses de Acciona, ya que Koldo estaba en el Ministerio.

Al ser preguntado sobre el modus operandi que le atribuye la UCO, consistente en dar mayor valor a la valoración subjetiva y menos valor a la objetiva, para poder adjudicar las obras a quien se deseara, Merino señaló que tener mayor valor subjetivo a veces no significa nada, y que en Navarra precisamente no recibieron no la tuvieron.

También ha reconocido haber puesto en contacto a Koldo con sus cuñados Antonio y Daniel Fernández Menéndez (de Obras Públicas y Regadíos), puesto que esperaban cita en el ministerio. Aseguró que pedir "un empujoncito" significaba pedir una "ayudita", que en este caso consistía en "presentarlos, nada más". Admitió haber mandado alguna foto de modificaciones de obra de la empresa de sus cuñados, pero dijo que para saber en qué situación se encontraba el expediente.

Agentes sociales

Preguntado por Cerdán, Merino ha narrado que cuando se llega a un lugar lo normal es organizar encuentros y conocer a "agentes sociales". Así conoció al que luego sería secretario de Organización del PSOE. Afirmó no recordar en concreto ninguna cena con él, pero sí pudieron tomarse algún 'pintxo'. También se le ha preguntado por las facturas del bar Franky, que, según los investigadores podrían ser falsas y responder a servicios no prestados, extremo que ha negado y que ha atribuido a la suma mensual de sus comidas y las de otras personas.

Puente se dirigió contra Alonso, Merino, y también contra los empresarios José Ruz (Levantina Ingeniería y Construcción) y los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez tras recibir el informe policial que destapó la presunta trama y que se apoya en conversaciones y mensajes intercambiados entre todos los implicados que Koldo conservó y que se produjeron entre 2019 y 2023.

El contrato de Servinabar

Una de las evidencias clave es el contrato privado de compraventa en el que consta que Cerdán adquiriría por 6.000 euros unas 1.350 participaciones -el 45%- de Servinabar, que según la UCO se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros. El documento, "firmado en sus cuatro páginas" por Cerdán y por Alonso, es según la defensa "un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público" y, por tanto, "no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno".

En su declaración, Cerdán declaró que conocía a Alonso desde 2006 pero que hacia 2011 tenían ya "una relación bastante fuerte de amistad", porque hablaban "mucho" de política, así como que medió con PNV y Bildu para abrir una vía de comunicación para Cerdán de cara a la formación del Gobierno de Pedro Sánchez.