Lo que vale para la Infanta no vale para Messi

El juicio y la pena que ha sufrido Leo Messi por delito fiscal y el que todavía tiene que fallarse sobre la Infanta Cristina de Borbón están conectados por un denominador común: ambos personajes, en sus declaraciones de defensa ante el juez, alegaron "desconocer" e "ignorar" el funcionamiento fiscal de las empresas donde constaban como accionistas o propietarios de los derechos. 

A la Infanta Cristina se la acusó de encubrir gastos personales y de desviar fondos del Instituto Nóos, en principio una empresa sin ánimo de lucro, por valor de 1,4 millones de euros entre 2007 y 2008 a través de la empresa Aizoon SL. Se ha sentado en el banquillo de los acusados junto a 16 personas más y a su marido Iñaki Urdangarín, con quien compartía la titularidad de Aizoon.

A pesar de todas las pruebas presentadas durante la instrucción, ni el Fiscal del caso ni la Abogacía del Estado estimaron oportuno pedir responsabilidades a la Infanta, es más, ambos solicitaron su absolución. Sólo la acusación particular, el sindicato Manos Limpias, ha pedido ocho años de cárcel para ella como cooperadora de dos delitos fiscales.

En el juicio a Messi, en contrapartida, el Abogado del Estado, Mario Maza, equiparó la figura del jugador barcelonista "a la de un capo de una estructura criminal". Su durísimo alegato estuvo en las antípodas de la intervención de la Fiscal del Estado, Raquel Amado, que solicitó la absolución de Leo Messi porque, a su entender, no era consciente de lo que firmaba ni del entramado de las empresas que se utilizaron para controlar sus derechos de imagen en paraísos fiscales.

Las defensas de Messi y la Infanta Cristina fueron idénticas. Los comportamientos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado (representante de la Agencia Tributaria), en cambio, han sido muy diferentes. 

Emilio Cortés, Catedrático de Derecho Penal, sostiene sobre la sentencia de Leo Messi que "ha sido deproporcionada, injusta y tan endeble como preocupante". Y no duda en afirmar que la Juez ha querido contentar a la Abogacía del Estado para ofrecer a la ciudadanía "una sentencia ejemplarizante".