El juez ve dos delitos en el fichaje de Griezmann por el Barça

El pasado 30 de septiembre, se conoció la noticia de que la Fiscalía Provincial de Barcelona había presentado un escrito en el que acusaba a Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona, y a algunos de sus colaboradores de administración desleal.

¿El motivo? El pago de una serie de comisiones que consideraban ilegales. Más en concreto, la Fiscalía se centraba en el "perjuicio económico" causado al club por unos 13 millones de euros en algunas de las operaciones de fichajes.

Según ha revelado El Mundo este jueves, el juez que investiga el caso "ve indicios de administración desleal y falsedad en el pago de 15 millones al Atlético de Madrid para frenar la denuncia por haber negociado con Antoine Griezmann teniendo contrato en vigor con el club rojiblanco".

En un auto al que ha tenido acceso el medio, el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona admite que "debe añadirse" a la causa "el fichaje del jugador de fútbol Antoine Griezmann por parte del FC Barcelona". Siempre según El Mundo, en el mismo documento el juez considera que el club "se saltó la normativa FIFA" que considera que "los clubs no pueden contactar con un deportista con contrato vigente si antes no se ha hablado con su equipo".

"A fin de evitar una posible sanción de la RFEF, supuestamente, por parte de los investigados, se negoció directamente con el Atlético de Madrid y llegaron a un acuerdo donde se valoraba el pago de 15 millones a cambio de no aportar pruebas al procedimiento que se había incoado", añaden.

"Para dar aspecto lícito a los pagos se simuló presuntamente que se adquiría un derecho de tanteo prioritario sobre diferentes jóvenes futbolistas del Atlético de Madrid", se explica en la resolución judicial, antes de concluir que estos hechos "podrían integrar el delito de administración desleal y/o falsedad contable".

Un informe de los Mossos d'Esquadra entregado al juez destapó algunas irregularidades financieras en el fichaje de Malcom, que se produjo en el año 2018. Dicho documento es centraba en 10 millones de euros que el Barça habría abonado a la sociedad BFE (Bussines Futbol España) por "operaciones de intermediación". Unas operaciones que, según el informe, corresponderían presuntamente a "posibles servicios no justificados, inexistentes o muy superiores al precio de mercado".