Arranca el juicio del Palau Blaugrana

El conflicto en torno a la financiación del Espai Barça y la construcción del nuevo Palau Blaugrana vive este miércoles un nuevo capítulo. El Juzgado de Primera Instancia número 34 de Barcelona celebra (a las 11 horas) la vista en la que deberá decidir si la Junta Directiva del FC Barcelona actuó conforme a los Estatutos al archivar, "sin más trámites", la denuncia disciplinaria presentada por el socio Ignasi Prat contra varios miembros del propio órgano de gobierno.

Lo que se juzga no es aún el fondo económico del Espai Barça, sino si el procedimiento disciplinario interno se cerró respetando las normas del club.

El origen: la asamblea de 2021 y la financiación

El caso se remonta a las asambleas de octubre de 2021, en las que los socios aprobaron el plan de financiación del Espai Barça. Según la documentación presentada entonces, el proyecto incluía, entre otros elementos, la construcción del nuevo Palau Blaugrana, con una previsión de unos 420 millones de euros dentro de una financiación global cercana a los 1.450 millones.

Sin embargo, en marzo de 2023 se formalizó una escritura pública vinculada al fondo de titulización que articula la financiación mediante bonos. En esa escritura —de más de 400 páginas— se especifica que los fondos deberán destinarse al desarrollo del estadio y a la devolución del crédito puente, y se excluye expresamente, a efectos definitorios, el Palau, el hotel y las oficinas como parte del “Campus Espai Barça”.

El texto literal es el siguiente: "'Campus Espai Barça' (Espai Barça Campus) significa el campus que se construirá en los terrenos que rodean el Estadio actulmente propiedad del Vendedor tal y como se establece en las Especificaciones, excluyendo" (y aquí llega lo importante) "a efectos aclaratorios, el Palau, el hotel y las oficinas que se construirán en las fases subsiguientes del proyecto del Espai Barça". Para el denunciante, esta redacción contradice el mandato aprobado en asamblea. Los denunciados pidieron que esta documentación se excluyera del juicio.

La denuncia interna y su archivo

Tras conocerse la escritura, varios socios enviaron burofaxes al club solicitando explicaciones, pero el club hizo caso omiso. De ahí que Ignasi Prat presentara en octubre de 2023 una denuncia ante la Comisión de Disciplina contra Joan Laporta, el entonces vicepresidente económico Eduard Romeu, el tesorero Ferran Olivé y el presidente de la Comisión Económica, Joan B. Casas.

La denuncia no reclamaba indemnizaciones ni actuaciones judiciales, sino que se declarara la nulidad del acuerdo presuntamente contrario a la asamblea y se depuraran responsabilidades disciplinarias por una posible infracción muy grave de los Estatutos (artículo 74), que contempla sanciones que van desde la suspensión como socio de entre cuatro y dos años hasta la pérdida definitiva de la condición.

En marzo de 2024, la Junta Directiva —actuando como órgano disciplinario— acordó archivar la denuncia "sin más trámites". El denunciante sostiene que se omitió el procedimiento estatutario: nombramiento de instructor, fase de audiencia y práctica de pruebas.

Qué se juzga ahora

La demanda presentada ante la justicia ordinaria no pide que el juez decida sobre los millones del Palau ni sobre la legalidad de la financiación. Lo que solicita es que se declare nulo el acuerdo de archivo por vulnerar el procedimiento disciplinario artículo 77 de los Estatuts y que se reabra el expediente.

El club, en su contestación, sostiene que no se ha incumplido ningún acuerdo asambleario y aporta dos informes —uno de la Comisión Económica y otro de un despacho externo— que interpretan que la asamblea aprobó financiar "alguno o todos" los elementos del Espai Barça, lo que, a su juicio, no obligaría necesariamente a incluir el Palau en esta fase.

El juicio contará con la declaración como testigos de varias personas vinculadas al club, entre ellas la vicepresidenta saliente Elena Fort, que actuó como instructora del expediente; el Síndic del Soci actual y entonces presidente de la Comisión de Disciplina, el secretario de la Comisión Económica, Jaume Carrasco y también el abogado del Barça, Marcel Enrich.

Posibles escenarios

Si el juzgado avala el archivo, el asunto quedará cerrado en esta vía. Si, por el contrario, considera que se vulneró el procedimiento, el expediente disciplinario deberá reabrirse y tramitarse correctamente dentro del club. En ese caso, la Comisión de Disciplina tendría que entrar en el fondo del asunto y decidir si existió o no infracción estatutaria.

Un eventual pronunciamiento interno contrario a la actuación de la Junta podría abrir la puerta a responsabilidades disciplinarias e incluso, en un escenario posterior, a reclamaciones por daños si se acreditara perjuicio económico.

El fallo podría conocerse en semanas y su impacto no es menor, ya que coincide con el proceso electoral abierto en el club. Aunque este procedimiento no resolverá directamente sobre el destino de los 420 millones previstos para el Palau, sí puede reactivar el debate sobre si la ejecución del Espai Barça se ajusta estrictamente al mandato aprobado por los socios en 2021.

Este miércoles, en definitiva, el juzgado no decidirá sobre el Palau, sino sobre si el Barça respetó sus propios Estatuts internas al cerrar la denuncia que sí estaba relacionada con el Palau. Pero de esa decisión puede depender que el debate vuelva —o no— al punto de partida.