El fútbol español sigue sin replicar el control de calidad de propietarios que existe en Inglaterra

Las protestas de aficionados frente a la gestión de sus clubes se han convertido en una constante en el fútbol español durante los últimos años. Los aficionados valencianistas fueron pioneros, años atrás, con la puesta en marcha de manifestaciones contra propietarios de sociedades anónimas deportivas por gestiones deficientes. Ciudades como Sevilla, Madrid -barrio de Vallecas-, Zaragoza, Valladolid, A Coruña o Granada también acogieron la rebeldía masiva de seguidores descontentos con el destino que emprendían sus equipos de toda la vida.

Sin ir más lejos, el pasado fin de semana se enfrentaron en el Ramón Sánchez Pizjuán dos entidades históricas como el Sevilla FC y el Valencia CF venidas a menos por debajo de los diez primeros clasificados de LaLiga. El sevillismo terminó el partido muy enojado con el presidente, Del Nido júnior, la plantilla y el entrenador, el argentino Matías Almeyda, destituido un par de días después. En un estadio que se vació bastante antes del final se volvieron a ver los clásicos carteles amarillos de "Júnior, vete ya" replicados del movimiento contrario a Peter Lim en València que nació hace ya casi una década.

La administración negligente de clubes emblemáticos los ha puesto en riesgo desde todos los frentes: deportivo, económico y sociocultural. No obstante, el valencianismo también ha sido precursor a la hora de experimentar la dificultad de que la crítica y la protesta prospere en un contexto social donde máximos accionistas y dirigentes apenas tienen que rendir cuentas al resto de accionistas minoritarios.

Inglaterra y Alemania, modelos europeas que no se replican en España

Hace unos días, la asociación Libertad VCF, opositora directa de lo hecho por Lim en el Valencia, se pronunció en redes sociales sobre la posibilidad de que en España las instituciones políticas facilitaran en un futuro herramientas a socios, abonados y aficionados contra los desmanes de los máximos accionistas. Por ejemplo, en el fútbol inglés existe un reglamento que contempla un test de idoneidad para propietarios que pretenden la compra mayoritaria de las acciones de un club. Más efectivdad todavía, es el '50+1 Regel' de la Bundesliga, por la que todos los integrantes de la competición alemana deben ceder el 51 % del derecho a voto al club y socios por delante del accionista mayoritario.

"Hemos exigido que se regule dicho aspecto -en referencia al control de calidad del fútbol inglés-. Pero aún estamos esperando un pronuciamiento del Consejo Superior de Deportes del Gobierno español sobre esto, y desarrollar la figura del Consejero Independiente. España sigue a la cola en derechos de los aficionados. Una LaLiga que se aleja de la Comisión Europea en esta materia", señala el perfil oficial de Libertad VCF.

La propuesta de control de calidad fue impulsada por la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE), de la que forma parte Libertad, que reclama mayores controles para evitar casos de mala gobernanza en el fútbol. En declaraciones a 'Contexto y Acción', Emilio Abejón, presidente de FASFE, defiende que los clubes son "entidades sociales y culturales clave", por lo que deberían estar sujetos a estándares más exigentes. A su juicio, la normativa actual es insuficiente y ha permitido que dirigentes implicados en irregularidades continúen al frente de las entidades. No en vano, cerca de una veintena de clubes han desaparecido por una gestión deficiente desde la implantación de las sociedades anónimas deportivas a principios de los años 90.

Uno de los espejos en el que se miran estas reivindicaciones es el modelo del fútbol inglés. Tal y como ha analizado, precisamente, el medio 'ctxt', el Reino Unido dio un paso decisivo con la aprobación de una nueva legislación que introduce un Regulador Independiente del fútbol. Este organismo tiene la capacidad de otorgar licencias a los clubes y evaluar la idoneidad de propietarios y directivos mediante criterios de integridad, solvencia financiera y transparencia en el origen de los fondos.

La normativa británica incorpora además mecanismos preventivos: obliga a presentar planes de negocio detallados y contempla sanciones que pueden llegar a la retirada de la licencia para competir. Se trata de un enfoque orientado a garantizar la sostenibilidad financiera de los clubes y evitar situaciones de riesgo antes de que se materialicen. De hecho, Abejón recuerda el caso del empresario indio Ali Syed, cuya propuesta para adquirir una participación mayoritaria del Blackburn Rovers se desechó en 2010 al conocerse diferentes impagos y deudas del aspirante a hacerse con el Blackburn. Sin embargo, no tuvo problemas para adquirir poco después el Racing de Santander, un intento que acabó mal medio año después por no pagar el total de las acciones, salarios de la plantilla y el cuerpo técnico. En este sentido, es conocido el inento frustrado de Lim de hacerse con la mayoría accionarial del Liverpool antes de desembarcar en València.

La comparación con España es inevitable. Durante la tramitación de la Ley del Deporte de 2022, tanto FASFE como colectivos de aficionados propusieron introducir un sistema similar, pero sus iniciativas no prosperaron. Tampoco las enmiendas presentadas por Compromís lograron cambios significativos en este ámbito.

Entre los colectivos más activos destaca Libertad VCF, principal grupo de oposición a la gestión de Peter Lim en el Valencia CF. La asociación ha reclamado de forma reiterada una reforma de la Ley del Deporte que incluya controles más estrictos sobre los propietarios y el desarrollo de figuras como el consejero independiente. Sin embargo, denuncian que sus peticiones han caído en saco roto" sin respuesta efectiva por parte de las instituciones.

Reclamación, finalmente, desestimada

En julio de 2023, el presidente de Libertad VCF, José Pérez, y el abogado Álvaro Sendra entregaron en el área de Afición del Valencia un requerimiento instando al club a cumplir con la nueva Ley del Deporte y a desarrollar la figura del consejero independiente para fiscalizar la gestión del máximo accionista, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 39/2022 del Deporte. El mismo exige un procedimiento democrático, mediante el sistema de 1 socio/1 voto, para elegir un consejero como representante de la afición. El proceso judicial, visto para sentencia hace dos años, finalmente fue desestimado por el juzgado de lo mercantil número 4 de la Ciudad de la Justicia por, según el juez, falta de claridad en el desarrollo del reglamento y la existencia de un plazo en beneficio del club.