Pedro Rocha no podrá presentarse a las elecciones de la RFEF

Cuando Pedro Rocha fue inhabilitado en julio por el TAD, al dirigente extremeño todavía le quedaba una carta por jugar en el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2 de la Audiencia Nacional: medidas cautelares. Pero el órgano acaba de denegarlas, según ha adelantado 'Iusport' y la sanción de inhabilitación de dos años se hace efectiva.

No podrá presentarse a las elecciones de la RFEF como pretendía. En abril, el propio Rocha, tras ser nombrado presidente de la Federación, anunciaba la convocatoria de los comicios para el 10 de septiembre. La única vía que le queda al dirigente extremeño es un recurso urgente ante la Audiencia Nacional contra su inhabilitación por dos años.

El TAD aceptó el 16 de julio parcialmente los supuestos por los que había sido investigado Pedro Rocha. Finalmente, solo se estimó el despido de Andreu Camps, quien fuera secretario general de la Federación. El dirigente inhabilitado no podía adoptar esta decisión como presidente de la Comisión Gestora, sino este órgano de forma colegiada. Rocha declaró que esa decisión la tomó por indicación expresa del CSD en el momento de crisis con la selección femenina, tras el 'motín de Oliva'.

Por su parte, las sanciones propuestas por prescindir del abogado externo Tomás González Cueto y por personar a la RFEF en el proceso judicial que investiga la presunta corrupción durante la presidencia de Luis Rubiales ('caso Brody o Supercopa') se quedaron finalmente en una multa económica de 16.000 euros por cada uno de estos hechos. La sanción se produjo debido a una denuncia del presidente de la escuela de entrenador CENAFE, Miguel Galán, que el Consejo Superior de Deportes elevó al TAD.

A Pedro Rocha le quedaba la vía del Tribunal Contencioso-Administrativo. De habérsele concedido las cautelarísimas, podría seguir al frente de la RFEF hasta que la resolución del TAD fuese firme. Al no prosperar se activa la opción de María Ángeles García 'Yaye', actualmente vicepresidenta de la Federación, un nombramiento hecho por el propio máximo mandatario federativo, cuyos abogados estudian los recursos que permitan un giro de guión de los acontecimientos tras la negativa de la cautelar.