Una segunda jueza imputa a ex altos cargos de Ayuso por los protocolos que se aplicaron en residencias de ancianos durante el covid

La jueza de Leganés (Madrid) María Pilar Esteban ha citado en calidad de investigados el próximo 17 de junio a tres ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por su responsabilidad en la elaboración y aplicación de los protocolos de actuación en las residencias de ancianos durante la pandemia, que las plataformas de víctimas denominan protocolos de la vergüenza. 

Se trata de la segunda causa en la que se imputa al exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, Carlos Mur, y a su sucesor en el cargo Javier Martínez Peromingo, al que se unen en esta ocasión el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza y una geriatra del hospital Severo Ochoa. Los dos primeros fueron citados a declarar el pasado lunes por otra jueza madrileña, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, si bien sus comparecencias fueron finalmente suspendidas al alegar las defensas que sus clientes no habían podido tener acceso previo a todas las actuaciones. 

El procedimiento que se sigue en este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por dos familiares de residente, según ha informado en un comunicado Marea de residencias.

Ambas causas comparten el motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. En el marco del mismo procedimiento, el próximo martes han sido convocados varios testigos, entre ellos el exasesor sanitario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Antonio Burgueño, que, sin embargo, sí tiene la consideración de investigado en la causa que se instruye en la capital.

Los querellantes se dirigen contra Mur como autor e ideólogo del conocido como protocolo de la vergüenza que bloqueó el traslado de residentes a los hospitales, mientras que a Martínez Peromingo le imputan continuar con su aplicación. En cuanto al director al ex director del SUMMA 112, apuntan a que las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad, "ya que dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos, y solo acudían a los centros si tenían una autorización expresa de derivación del geriatra de enlace", según la plataforma que reúne a los familiares de las víctimas.

La reapertura del procedimiento ha sido posible tras denunciar las plataformas de afectados un delito de omisión de socorro y discriminación a los ancianos, lo que ha permitido abrir una nueva puerta procesal tras rechazarse durante años otras querellas por homicidio y otros delitos.

Además de haber sido imputado, Mur ha tenido que acudir antes a los tribunales en calidad de testigo. Lo hizo en octubre de 2023 ante otro juzgado de Madrid, el de Instrucción número 4. En dicha ocasión, atribuyó a los geriatras de las residencias de ancianos la responsabilidad en la aplicación de los protocolos de derivación a los hospitales que llevaban su firma y que, según manifestó, no eran de obligado cumplimiento.

Vía: El Periódico