El juez ha ordenado investigar 321 cuentas de los imputados en la trama Montoro

Las investigaciones judiciales por delitos de corrupción se suelen prolongar en el tiempo por lo complicado que resulta recabar los datos necesarios hasta para determinar si se ha producido algún tipo de delito. En el caso Montoro el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, aprecia indicios de la comisión de siete, entre los que figura el de cohecho. Para determinar el destino de los presuntos sobornos recibidos a cambio de mediar para acceder al Ministerio de Hacienda y poder intervenir en la redacción de leyes en marcha, el magistrado ha encargado a la Guardia Civil un informe sobre los movimientos bancarios registrados en las 321 cuentas y 339 productos financieros del exministro Cristóbal Montoro y la treintena de personas físicas y jurídicas (cinco empresas de gases industriales) que figuran como investigadas en la causa.

El juez identifica una quincena de empresas instrumentales para desviar los fondos ilícitamente obtenidos por la trama del caso Montoro

Según consta en el sumario del caso Montoro, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el 18 de diciembre de 2023 y el 18 de enero de 2024, el juez Rus libró los requerimientos de información bancaria que eran necesarios para ello al BBVA, Banco Sabadell, Caixabank, Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, ING Bank, Caja Rural del Sur, Ibercaja Banco, Deustsche Bank, City Spain y Wizink Bank para conocer los efectivos y movimientos registrados en las cuentas de los 28 imputados. En junio de ese mismo año, la Guardia Civil aún no contaba con toda la información de los 339 productos bancarios solicitados: todavía les faltaba recibir los datos relativos de 18 de ellos, según contestó el comandante del instituto armado al frente de las pesquisas a una pregunta sobre lo que tardaría aún en conocerse el informe planteada por la fiscal Anticorrupción adscrita al caso, Carmen García Cerdá.

Había sido la propia Guardia Civil la que había solicitado la realización del informe para determinar las "transacciones económicas" realizadas, así como "las relaciones contractuales que justificaron los pagos y cobros realizados" entre los socios de Equipo Económico y las distintas empresas vinculadas al caso. Para ello entendía "necesario poder acceder a toda aquella información que permita esclarecer cuál fue la verdadera procedencia y destino final de los fondos canalizados a través del despacho, de los socios y de sus empresas, toda vez que en este momento de la investigación no se dispone de datos suficientes para seguir la trazabilidad del dinero una vez sale de Equipo Económico", lo que impide "conocer su destino final".

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Extranjero

En su oficio ponían de manifiesto "la existencia de un flujo de dinero de Equipo Económico con países extranjeros", a través de "una estructura societaria íntimamente vinculada y dependiente del despacho, a la cual habrían realizado diversos pagos por importantes cantidades de dinero desde la mercantil matriz". Los agentes mencionan operaciones intracomunitarias y entrada de divisas en Equipo Económico y una de las empresas del entramado, Anvalia 7, procedentes de Colombia, Panamá, EEUU y Reino Unido, así como salidas desde otras dos, Limacar y Tutman Fiscalía, a Luxemburgo e Irlanda.

Los investigadores añadían que sospechaban que "los socios podrían disponer de un entramado societario constituido por una serie de empresas, además de las indiciariamente instrumentales, las cuales podrían haber sido utilizadas para desviar fondos de la presunta actividad investigada". Esas entidades no disponían ni de medios ni de personal que justificara su constitución, de acuerdo a lo reflejado por la Agencia Tributaria en un informe en el que ponía en duda incluso la necesidad de ponerlas en marcha, puesto que ni siquiera tenían un objeto diferente al de otras entidades vinculadas a Equipo Económico.

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En una de sus resoluciones el magistrado citaba una quincena de empresas relacionadas con Equipo Económico y su denominación actual, Global Afteli. Se trata de Econodos, Plataforma de Soluciones Jurídicas, Consultoría y Diagnóstico, Tutman Fiscalía, Falumar Inversiones, White Light Solutions, Piro Yield, Tutpim Inversiones, Narixa Homes, Absolutio Prevención Penal, VAU Consultoría y Análisis, La Rioja Corporate, Tuergano Corporate, Breda Real Estate, Centro para la Reforma Económica y el Desarrollo Social y Tax Dynamics.

El juez Rus imputa a los investigados siete delitos. Son cohecho, fraude contra la Administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

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