LaLiga reclama 8,7 millones por el paro de los jugadores y la Fiscalía considera que no fue una "huelga ilegal"

El juicio entre LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por el partido de Miami quedó visto para sentencia tras la vista en la que la patronal sostuvo que los jugadores realizaron una huelga ilegal. Un acto que, según sus cálculos, provocó un perjuicio de 8,7 millones de euros. Por su parte, el sindicato defendió que se trató de una protesta amparada en la libertad de expresión, mientras que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó la desestimación de la demanda.

La cancelación tras la protesta

Ambas partes se vieron las caras en la Audiencia Nacional después de que LaLiga judicializase los paros de 15 segundos convocados por el sindicato que preside David Aganzo. Los hechos tuvieron lugar al inicio de la novena jornada de LaLiga, disputada entre el 17 y el 20 de octubre, y consistieron en una protesta dirigida contra la celebración del Villarreal–FC Barcelona en Miami.

Un día después, el encuentro fue cancelado por, entre otros motivos, la falta de seguridad jurídica por parte de los organizadores, entre los que se encontraba la empresa Relevent. “Tras conversaciones con la promotora del partido en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”, aseguró LaLiga en su comunicado.

El abogado de la competición que preside Javier Tebas mantuvo que no se trató de un parón simbólico, sino de una huelga ilegal, al no existir comunicación previa de una convocatoria “unilateral” de AFE que tuvo lugar el 17 de octubre. El letrado expuso que el sindicato no cumplió los requisitos necesarios para formalizar una huelga legal. Previamente, varios futbolistas se habían posicionado en contra de la iniciativa, algunos de ellos pertenecientes a los equipos implicados, como Frenkie de Jong, capitán del Barça. Una idea que, aunque aparcada, no se da por descartada.

¿Por qué reclama LaLiga 8,7 millones de euros?

“Los paros son seguidos por todos los equipos de Primera División. Conocen la importancia de los derechos audiovisuales para LaLiga, que cuenta con hasta 136 operadores, siendo Estados Unidos el segundo mercado. Es una acción pensada que causa un daño reputacional que asciende a 8,7 millones”, afirmó la defensa de LaLiga, antes de avalar estos datos con la testifical de una perito, según recoge la Agencia EFE.

El representante de la patronal afirmó que fue “una actuación quirúrgica perfecta, porque consiguieron el mismo efecto que con una huelga de 10 minutos”. En algunos casos, la realización de las retransmisiones obvió las protestas promovidas por AFE, que negó haber causado cualquier tipo de daño y sostuvo que no se puede acreditar dicha pérdida, ya que el supuesto perjuicio reputacional “es consecuencia de la propia acción de LaLiga y no de la de los futbolistas”.

El objeto de la protesta, según la defensa de AFE, no fue la oposición al partido, “sino una reclamación ante la falta de información sobre el mismo, con 10 segundos de inmovilidad”. “Negamos cualquier tipo de daño. Se nos dice que se ha generado presión por la repercusión mediática, pero eso no cualifica la acción como una huelga”, defendieron.

“La brevedad”, clave para la Fiscalía

El propio sindicato remitió esta tarde el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha solicitado la desestimación de la demanda por huelga ilegal de LaLiga contra la AFE. “Consideramos que los acontecimientos demandados no supusieron un acto constitutivo del ejercicio del derecho fundamental de huelga, dada la brevedad de su duración y la ausencia real de cesación o alteración colectiva de la prestación de los servicios laborales propios de los futbolistas profesionales”, señala el Ministerio Fiscal.

En su escrito, la Fiscalía aprecia que “los hechos respondieron al ejercicio de la libertad sindical de AFE y de la libertad de expresión de los futbolistas profesionales reconocida en el artículo 39 del Convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional; sin perjuicio de que se puedan reclamar, en su caso, posibles perjuicios a través de conflictos colectivos o individuales, pero no por tener la consideración de huelga ilegal”.

AFE asegura que “estuvo solicitando información y, ante la falta de respuesta, comunicó una acción simbólica”. El sindicato sostiene que solo después de la protesta y de la suspensión del partido se ofrecieron “datos por parte de LaLiga”. Para paliar este tipo de conflictos, LaLiga ha reforzado la Oficina del Jugador con el nombramiento del exfutbolista profesional Roberto Jiménez, que ejerce de nexo entre la competición y los vestuarios de los equipos de Primera y Segunda División.