El Gobierno del Reino Unido se enfrenta a una rebelión de los ayuntamientos para cerrar los hoteles para solicitantes de asilo

El debate sobre el uso de hoteles para alojar a solicitantes de asilo ha alcanzado una nueva dimensión esta semana en el Reino Unido. El Gobierno laborista podría enfrentarse en los próximos días y semanas a la rebelión de decenas de ayuntamientos, los cuales han amenazado con emprender acciones legales para forzar el cierre de alojamientos temporales en sus administraciones. Una posibilidad que se ha vuelto más factible que nunca tras la decisión de un juez de desalojar de forma cautelar un hotel en Epping, a las afueras de Londres, alegando que no cuenta con los permisos necesarios para acoger a los inmigrantes. 

Cerca de 80 municipios han asegurado estar estudiando emprender acciones parecidas a la del Ayuntamiento de Epping, donde se han producido protestas en las últimas semanas tras la detención de un solicitante de asilo por abusar presuntamente de una menor. El consistorio de esta pequeña localidad reclamó el cierre del alojamiento ante el riesgo de que se produjeran nuevos incidentes que pongan en riesgo la seguridad, además de alegar que el hospedaje no había informado debidamente a las autoridades locales de su cambio de actividad. Unos argumentos que podrían aprovechar otras administraciones, algunas de ellas gobernadas por el propio Partido Laborista, para lograr decisiones parecidas. 

La situación ha puesto en alerta al Ministerio del Interior, el cual deberá buscar una alternativa habitacional para las cerca de 140 personas alojadas hasta ahora en Epping en caso de que se confirme la decisión de forma definitiva. La preocupación será aún mayor si la justicia acepta las reclamaciones de otros ayuntamientos, algo que podría obligar al Ejecutivo a reubicar a miles de solicitantes de asilo en todo el país. El Gobierno considera que esta situación pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema de asilo y confía en que los jueces tengan en cuenta este factor para rechazar los argumentos de las administraciones locales. 

Solicitudes de asilo

El cierre cautelar del hotel en Epping ha añadido más presión sobre el primer ministro, Keir Starmer, cuyos intentos de frenar la llegada irregular de inmigrantes a través del Canal de la Mancha todavía no han dado resultados. Más de 111.000 personas han pedido asilo en el país en el primer año de los laboristas en el Gobierno, según datos publicados este jueves, una cifra que supone un aumento del 14% respecto a los 12 meses anteriores. De estas, más de 32.000 se alojan temporalmente en hoteles a la espera de que se tramite su solicitud, un incremento del 8% respecto al año anterior. 

El Ejecutivo ha acelerado las tramitaciones de las solicitudes con el objetivo de cerrar los cerca de 200 hoteles que siguen operativos en el país, además de alcanzar acuerdos de extradición con países como Albania, Irak o Vietnam y de lanzar un programa piloto de devoluciones con Francia. Pero el descontento de una parte de la población ante el aumento de la llegada irregular de inmigrantes ha dado alas al partido de derecha populista Reform UK, que ha animado a la ciudadanía a protestar frente a los alojamientos temporales de inmigrantes para presionar a los ayuntamientos y forzarlos a emprender acciones legales para cerrarlos. 

Críticas de la derecha

El Partido Conservador también ha animado a los ayuntamientos controlados por su formación a valorar una posible batalla legal, a pesar de que muchos de los alojamientos empezaron a operar bajo los anteriores gobiernos conservadores. "Creo que estos ayuntamientos están hartos de que los hoteles de acogida alberguen principalmente a jóvenes que han entrado ilegalmente en el país en sus comunidades. Quieren que se cierren y por eso creo que están considerando, con razón, emprender acciones legales", ha asegurado este jueves el portavoz de Interior de los 'tories', Chris Philp, a la BBC. 

El Gobierno, por su parte, ha insistido en su voluntad de reducir el número de solicitantes de asilo, pero ha asegurado que llevará tiempo debido a la herencia recibida por parte de los anteriores gobiernos conservadores. "Hemos heredado un sistema de inmigración y asilo deficiente que el Gobierno anterior dejó en una situación caótica. Desde que asumimos el cargo, hemos reforzado los controles de visados e inmigración del Reino Unido, reducido los costes del asilo y aumentado considerablemente la aplicación de la ley y las devoluciones", ha recalcado este jueves la ministra del Interior, Yvette Cooper, a través de un comunicado.

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